El nuevo acuerdo y los nuevos bandos

Ha habido humo blanco en las negociaciones entre el PSOE y Ciudadanos. Al tratarse de un acuerdo de gobierno y no solamente para la investidura, muchos son los temas que abarca dicho pacto. Tantos, que se hace imposible abarcarlos todos en un solo escrito. Por ello, hoy me centraré en los temas económicos de mayor calado que se incluyen en dicho acuerdo. 

En un primer análisis, el área económica podría dividirse en 3 grandes temas: fiscal, laboral e institucional. En el primero, tiene la virtud de buscar un aumento de recaudación sin aumentar impuestos, a través de la reducción de las deducciones fiscales y la armonización de algunos impuestos que, como el de sucesiones, hoy en día dependen en su totalidad de las Comunidades Autónomas, llevando a situaciones muy dispares. También aboga por adelgazar la estructura del Estado suprimiendo las diputaciones provinciales, medida con la que, de acuerdo a los cálculos publicados en la prensa, se ahorrarían entre 5 y 6 mil millones de euros. Sin embargo, esta última medida, al requerir reforma constitucional, es muy difícil que se aplique ya que requiere del “Sí” del Partido Popular, que ya ha manifestado su desacuerdo. Queda por ver qué medidas plantearán para la reducción de la burocracia estatal.

A nivel laboral, el acuerdo reduce la brecha entre costes de despido de un trabajador temporal con un trabajador fijo sin rebajar la de éstos últimos y sin aumentar las barreras de entrada al mercado laboral. Esto lo hace mediante la introducción de un nuevo contrato con indemnizaciones crecientes que sustituirá al actual contrato temporal. Dicho contrato tendrá, el primer año, exactamente la misma indemnización que tiene hoy un contrato temporal (12 días) y el 2do año será de 16 días, facilitando así la transición a los 20 días de indemnización por despido de los contratos fijos. De esta manera se desincentiva el despido luego de que se acaba el contrato temporal de un trabajador. Por el contrario, dicho "contrato puente" busca incentivar la conversión de trabajadores temporales en trabajadores fijos una vez cumplidos los 3 años.

Los trabajadores por cuenta propia (autónomos) y, sobre todo, los aspirantes a serlo también salen beneficiados en este principio de acuerdo de gobierno, ya que una de las medidas recogidas en el mismo es la reducción de las cuotas de los autónomos a la seguridad social de €267,03/mes (cuota para la base mínima en 2016) hasta 45€/mes para todos aquellos que no hayan alcanzado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El SMI, además, se aumenta en un 1% con el objetivo de recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años, que se estima en poco más de 4%. 

Pero lo más importante de este acuerdo (en lo que a la economía se refiere) es, sin duda alguna, el tema institucional. Hoy en día las barreras de entrada a nuevos competidores en sectores como las telecomunicaciones o la energía, entre otros, son enormes. Al impedir la entrada de nuevos competidores, se impide que haya más inversión y, por tanto, más creación de empleo de calidad. Además, esta situación ha generado que estos sectores se desempeñen con mercados oligopólicos en los que los consumidores son los que se han visto más afectados. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Ciudadanos plantea la revisión de la regulación en los sectores de telecomunicación, energía e infraestructura para fomentar la entrada de nuevos competidores y así acabar con la situación actual que ha llevado, entre otras cosas, a que los españoles soporten una de las tarifas energéticas más altas de Europa (sólo por citar una consecuencia en uno de los sectores). Lo mismo ocurre con el planteamiento de avanzar en la liberalización del acceso y ejercicio a los servicios profesionales.

En este mismo punto (el de reforma institucional), la reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (a la que, entre otras cuestiones, se le añadirían las competencias de protección a los consumidores, tal y como ocurre en otros países de la UE), así como también la reorganización de la estructura institucional para supervisión financiera, ambas reformas destinadas a dotar a estas instituciones de una mayor independencia, son muy prometedoras ya que en los países en donde dichas instituciones no dependen del gobierno de turno se suelen evitar los chanchullos típicos que suelen darse en instituciones económicas que dependen de políticos (el tan conocido amiguismo que tanto daño ha hecho a la sana competencia que debe existir en todo mercado). 

Otra de las mejoras institucionales que plantea el acuerdo y, sin duda, un incentivo para aumentar la calidad del mercado de capitales español es el siguiente: “Incorporar en la legislación correspondiente un nuevo modelo de gobernanza empresarial para las grandes empresas que: (i) refuerce el papel de la Junta de Accionistas ante decisiones relevantes de la empresa; (ii) separe las funciones de dirección estratégica (Consejo de Administración) de las de la gestión diaria; y (iii) refuerce los mecanismos de control y supervisión sobre los gestores, otorgando mayor poder y relevancia a las comisiones delegadas del Consejo, por ejemplo los comités de auditoría y remuneraciones, que deberán ser presididos por consejeros realmente independientes”. Poco puedo añadir a una reforma que refuerza el poder de los accionistas en lo que, por derecho, ya son sus empresas.

Incluso hablando sólo de economía el material da para extenderse mucho más, ya que, salvo la subida del SMI, todas estas medidas son las propuestas que había hecho Ciudadanos en su programa electoral para las pasadas elecciones generales y que han sido incluidas en este principio de acuerdo. Es decir, que aún faltan por mencionar las medidas añadidas por el PSOE, sobre todo en lo que se refiere a materia de política social y negociación colectiva, pero eso por sí mismo da para otro escrito. 

Mi opinión

Por sí solas, estas reformas son muy positivas e impulsarían a España a otro nivel de desarrollo económico y social. Pero además, es muy positivo que ahora el escenario político esté cambiando y que haya partidos importantes que hayan logrado alcanzar acuerdos de tal envergadura. Una de las primeras y principales consecuencias de este acuerdo ya se ha visto en los medios de comunicación. Ahora los bandos de “rojos vs. azules” que han dominado la política española desde hace un siglo parecen estar difuminándose. A primera vista, al poner este pacto sobre la mesa, se ha visibilizado que, aunque sigue habiendo 2 bandos, éstos son nuevos: por un lado, están los que quieren seguir en la dinámica política de frentes y trincheras afianzada desde antes de la guerra civil –léase PP y Podemos- y por el otro, están los que han negociado y redactado este acuerdo punto por punto pensando más en su contenido que en quién va a ser vicepresidente o presidente del gobierno. 

Este escenario de confrontación entre dialogantes vs. frentistas puede que sea el que domine la política este año, no sólo de cara a la venidera votación de investidura la semana que viene, sino también de cara a una más que probable repetición de elecciones. Es posible que, de repetirse las elecciones, la polarización no sea ya entre PP y Podemos, como querían ambos, sino entre quienes están a favor de este pacto y quienes están en contra. Es decir, este acuerdo, en términos políticos, ha puesto en evidencia lo que viene siendo una realidad desde 2014: que PP y Podemos actúan, de facto, como aliados en una estrategia de “pinza”: apretar al centro desde los extremos. El quedar en evidencia ha cabreado a ambos. Los dos partidos frentistas, previsiblemente, votarán juntos “No” a la investidura de un gobierno que pondría en marcha las medidas contenidas en este acuerdo. A ambos les interesa que la política siga siendo como ha sido siempre: de trincheras. A ninguno de los dos le interesa que organismos independientes controlen y pongan límites al poder de sus hipotéticos “futuros gobiernos”.

Coyuntura actual, explicada para no-venezolanos

Después de perder el pasado 6D el control del parlamento de una manera tan estrepitosa ante la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se ha enfocado en controlar daños. La maniobra más descarada ha sido la de nombrar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), saltándose todos los procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes.

Dicha maniobra no tardó en surtir efecto: el nuevo TSJ declaró que los 4 diputados del Edo. Amazonas (3 de la MUD y uno del PSUV) no podían tomar posesión de su cargo de diputados a pesar de haber sido proclamados como tales por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La MUD, ante esta maniobra que la priva de los 2/3 que le dieron las urnas legítimamente, decidió que la Asamblea Nacional (AN), dentro de su autonomía, juramentaría a los diputados de dicho Estado ya que la medida cautelar que ordenaba el TSJ era “inejecutable”. El PSUV, a través de su jefe, Diosdado Cabello, ordenó a su nuevo TSJ declarar a la AN en desacato y, en consecuencia, declarar que todo lo que emane de la misma carece de validez. Dicho y hecho: a los nuevos magistrados les faltó tiempo para obedecer las órdenes de Cabello y declarar a la AN en desacato en tanto no desincorporase alos diputados del Edo. Amazonas.

Podrán preguntarse desde afuera qué diferencia hay con que la MUD controle 2/3 de la AN, 3/5 ó la mitad más 1. Pues bien, la mitad más uno (84 diputados de una cámara de 167) puede aprobar leyes ordinarias y presupuestos, así como llamar a declarar a los ministros del gobierno. Los 3/5 de la AN pueden, además, aprobar o anular leyes habilitantes al Poder Ejecutivo (una figura jurídica en Venezuela en la que el parlamento le permite al poder ejecutivo aprobar leyes sin que éstas pasen por dicho parlamento). Los 2/3 de la cámara, además de todo lo mencionado anteriormente, pueden aprobar leyes orgánicas, destituir ministros, nombrar a los magistrados del TSJ, a los rectores del CNE, al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo, etc. Además, los 2/3 de la cámara pueden iniciar un proceso constituyente o empezar el proceso de solicitud de referendo revocatorio sobre cargos electos, si bien esto conlleva un procedimiento más largo sobre el cual no me extenderé aquí. Muchos abogados especialistas seguramente añadirán muchas más funciones de cada uno de los tipos de mayorías, pero esas son esencialmente las principales (para más información sobre las funciones de la AN, hacer clic aquí)

Es decir, que los 2/3 de la AN en manos de la MUD era (es) el peor de los desastres para el PSUV, ya que le arrebataba el control sobre las instituciones. Si bien a la MUD se le iba a hacer complicado destituir a los magistrados del TSJ nombrados por la AN saliente, con 2/3 de los diputados podían (y así anunció Jesús Torrealba que harían) modificar la Ley Orgánica del TSJ para aumentar el número de magistrados de dicho tribunal y nombrar a los nuevos magistrados, de tal manera que el PSUV perdiese el control sobre el Poder Judicial (de hecho esto fue exactamente lo mismo que hizo el PSUV en su tiempo para ganar el control sobre este poder). Similares maniobras podían realizarse para arrebatarle al PSUV el control del CNE y los demás poderes. De tal manera que, con la MUD controlando los 2/3 de la AN, el régimen de Maduro tenía los días contados ya que ni siquiera podrían contar nuevamente con un CNE sumiso ni utilizar la justicia como órgano de represión contra opositores políticos (cabe recordar que aún hay alrededor de 80 presos políticos en Venezuela). Poco faltaría para que, una vez nombrado el nuevo CNE y el nuevo TSJ, se lanzase el órdago: el referéndum revocatorio sobre el presidente de la república.

Ese escenario “fatal” para el chavismo lo han logrado evitar ellos mismos, al menos de momento. Al suspender “cautelarmente” la juramentación de los diputados el Estado Amazonas, la MUD se queda con 109 escaños, a 3 de los 2/3 de la cámara. Pero tarde o temprano el TSJ tendrá que decidir si los diputados se incorporan o si se repiten las elecciones en las circunscripciones impugnadas. No debería sorprendernos si, mientras el TSJ se toma su tiempo, hay una “mudanza” masiva de votantes del PSUV a las circunscripciones impugnadas. Todo es posible en Venezuela.