Hace poco fui
retado por un gran amigo a argumentar que la globalización trae más beneficios
que costos a para la mayor parte de las personas en el mundo. Yo estoy
convencido de que es así.
Numerosos
estudios lo confirman, aunque también confirman un aumento de la desigualdad de
ingresos entre países y dentro de cada país. Curiosamente, aunque esto esté
sucediendo, no significa que la desigualdad esté aumentando una vez que
eliminamos de la ecuación las fronteras nacionales y tomamos en cuenta al mundo
como un todo. En ese escenario, la desigualdad, medida por el coeficiente de
Gini, ha disminuido en las últimas décadas. ¿Como es posible esto? Para ponerlo
en términos sencillos, llamémoslo el “efecto China”. Un país que por sí solo
tiene a 1/6 de la población mundial, es lo suficientemente grande como para
afectar el resultado total. El hecho de que China esté pasando de ser un país
extremadamente pobre a transitar el camino hacia la riqueza hace que, si el
mundo se mide como un todo, al mejorar el nivel de vida de buena parte de la
población mundial (la de China) en los últimos 30 años y, al crecer su riqueza
más rápido que la del resto del mundo, la desigualdad en la distribución de la
riqueza es natural que disminuya.
Con lo que sí
estoy de acuerdo es con el argumento de que la manera en la que se ha
gestionado la globalización no ha sido la más adecuada. La Organización Mundial
del Comercio hace tiempo que fracasó en sus intentos de llegar a un Tratado de
Libre Comercio (TLC) mundial. Una extensa red de TLC bilaterales y regionales
han tomado su lugar, creando regímenes regulatorios muy complejos que suponen,
de por sí, altos costos de transacción a la hora de comerciar entre distintos
países. Dichos costos, naturalmente, sólo se lo pueden asumir empresas a partir
de cierto tamaño. Además, la carencia de regulaciones mundiales hace que haya
Estados que recurran a la competencia desleal, mediante la ausencia absoluta de
regulaciones medioambientales o derechos para los trabajadores (cuyo ejemplo más atroz fue el derrumbe de
una fábrica en Bangladesh en 2013 en el que murieron más de 1100 personas) o en
la forma de ausencia de derechos de propiedad intelectual, que en unas
economías en las que la producción de patentes y contenidos cobra cada vez más
importancia, también lo hace la necesidad de contar con marcos regulatorios
apropiados. Todo esto por no hablar ni siquiera de la aberración que supone la
existencia de paraísos fiscales.
¿Qué hacer? En mi
opinión, veo poco (o nada) realista esperar que dichas regulaciones vengan de
parte de la OMC. Los TLC que EEUU está negociando a la vez con la UE y con el
sureste asiático van en el camino de que los nuevos tratados económicos no
abarquen solamente temas comerciales sino también reglas de inversión,
regulaciones ambientales, laborales y de propiedad intelectual. Otro tanto lo
están haciendo los bloques regionales como la Asociación de Naciones del
Sureste Asiático (ASEAN, por sus siglas en ingles) y la Alianza del Pacifico,
que se han tomado la labor de perfeccionar los acuerdos comerciales ya
existentes añadiendo normas de origen, homogenización de requerimientos fitosanitarios,
eliminación de otras barreras no-arancelarias al comercio y, sobre todo, libre
movilidad de capitales y de personas.
A medida que el
mundo avanza hacia una mayor integración, también deben hacerlo sus
instituciones. No es una locura imaginarse dentro de unas décadas la existencia
de instituciones globales que regulen, desarrollen normativas y, sobre todo,
que resuelvan conflictos entre países o entre particulares y países.
Instituciones como las que poco a poco fue construyendo la UE en su momento…y
es que el viejo continente fue, al parecer, el primero en darse cuenta de que,
aunque la política es algo local, la economía es algo global. Su desarrollo del
derecho comunitario, con sus instituciones y funcionamiento, debe servir de
ejemplo para este nuevo mundo interconectado que estamos construyendo entre
todos.
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